La universidad pública, desde sus orígenes, fue considerada una institución social, esto es, una acción social, una práctica social fundada en el reconocimiento público de su legitimidad y de sus atribuciones en el marco de un principio de diferenciación que le confiere autonomía frente a otras instituciones sociales, así como estructurada por ordenamientos, reglas, normas y valores de reconocimiento y legitimidad que le son internos.
De esta manera, concebir a la Universidad como parte de un orden social, articulada con él y con un alto grado de desarrollo institucional, supera a la concepción de que la universidad y la sociedad implican espacios con existencia independiente y le imprime a la naturaleza y por ende a las actividades de la universidad una ineludible implicación social.
Hoy en día, la educación superior está llamada a jugar un papel cada vez más importante no sólo en la formación de profesionales, sino en favorecer la apropiación social de los conocimientos y fundamentalmente en la generación de nuevos conocimientos, que respondan a las necesidades de la sociedad en el corto, mediano y largo plazo. Por ello hay que reconocer que la Universidad debe involucrándose en los más diversos aspectos de vinculación con la sociedad y el medio, transfiriendo tecnologías al tejido productivo de bienes y servicios, y fundamentalmente, escuchando, aprendiendo y reflexionando sobre los contenidos de los mensajes y la naturaleza de los problemas sociales.Esta concepción implica el compromiso de los intelectuales con los sectores que no acceden a la Universidad y el compromiso con la transformación social, lo que coloca en el centro del debate de las acciones de la Universidad, al proceso de apropiación y uso social del conocimiento como recurso principal para otros actores ajenos al campo científico. De allí, que este proceso sea una construcción que resulta de un arreglo contingente surgido de negociaciones entre distintos actores.
